EL CALENDARIO CHIAPANECO

Carlos Fazio

El calendario chiapaneco
En diciembre pasado, en “Sentir el rojo. El calendario y la geografía de la guerra”, el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional advirtió que en medio de un ensordecedor silencio se acercaba en Chiapas una nueva fase del conflicto armado. La militarización del país bajo el régimen de Felipe Calderón alcanza en Chiapas su máxima expresión, ya que allí se concentran de manera combinada las distintas expresiones de las fuerzas coercitivas del Estado mexicano: Ejército, Marina y las diversas policías, a lo que se suma ahora la reactivación de antiguas estructuras paramilitares y la presencia in situ de elementos de los “cuerpos de paz” estadunidenses.

En el contexto de un esquema de guerra contrainsurgente que será reforzado cuando el Congreso de Estados Unidos apruebe la “ayuda” militar para la puesta en práctica de la llamada Iniciativa Mérida, tal concentración de poder ofensivo podría hacer de ese estado del sureste mexicano el nuevo laboratorio para experimentar el proyecto de “seguridad democrática” del calderonismo. Remedo del Plan Colombia, el proyecto del Pentágono para México tiene en Álvaro Uribe y su gobierno el modelo a seguir. Cabe recordar que en tiempos de campaña, Calderón, al igual que Uribe, se presentó como el candidato de la “mano dura”, y que desde el primer segundo de su tramposa imposición en Los Pinos, el primero de diciembre de 2006, se rodeó de militares y esgrimió un discurso belicista.

Encubierta por el bombardeo mediático que acompañó la liberación de Clara Rojas y Consuelo González –la otra guerra detrás de la guerra: la de la propaganda–, la “fórmula Uribe”, adoptada por Calderón bajo presión de Washington, encierra algunas aristas irrebatibles, que se presentan como objetivos a alcanzar por el mexicano.

Para empezar, mediante la violencia y el terror, y un uso maniqueo de la propaganda que anteponía a los “violentos subversivos” con su contraparte “salvadora”, las instituciones armadas, Uribe logró durante su primer mandato una unanimidad peligrosa, con eje en el mercadeo de imagen y la guerra sicológica, que reforzó el culto al jefe del Ejecutivo y el poder presidencial, y provocó el debilitamiento progresivo de los poderes Legislativo y Judicial, mientras por un carril paralelo se potenciaba a la fuerza militar.

Apoyado en el estado de conmoción interna, una medida constitucional de carácter excepcional que recortó las garantías civiles y políticas, Uribe construyó un régimen de seguridad permanente, con base en un estatuto antiterrorista que lo proveyó de las herramientas jurídicas y operativas para la guerra contrainsurgente, salvaguardando, de paso, la impunidad de las fuerzas armadas.

Como se ha venido proyectando en México desde finales del foxismo con las represiones violentas en Atenco y Oaxaca, la lógica que permea la política de “seguridad democrática” de Uribe –bendecida en 2002 por el cardenal primado de Colombia, Pedro Rubiano, entonces presidente de la Conferencia del Episcopado católico–, tiene sustento en la vieja doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense, que identifica al “enemigo interno” y empata ciento por ciento con la “guerra al terrorismo” de la administración Bush.

El símil con el calderonismo es ineludible al repasar que en sus primeros años de gobierno, Uribe obtuvo del Senado colombiano una reforma constitucional que permitió a las fuerzas militares hacer arrestos y allanamientos, así como interceptar comunicaciones y correspondencia sin orden judicial. A su vez, como una copia al carbón de la Ley Patriótica estadunidense, el estatuto antiterrorista impuesto por Uribe estuvo dirigido a la construcción de una superestructura estatal de neto corte autoritario que llevó a una militarización larvada de la sociedad.

Asimismo, bajo la cobertura del Plan Colombia y con fondos millonarios de la Defensa y del Congreso en Washington, el Pentágono y la comunidad de inteligencia llevaron a cabo un proceso de reingeniería militar en las fuerzas armadas locales, que comprendió la formación, bajo asesoría estadunidense y de empresas de “contratistas” privados (mercenarios), de nuevos batallones contrainsurgentes de elite en zonas bajo control de la guerrilla o de importancia geoeconómica prevista para el desarrollo de megaproyectos de capital multinacional (explotación petrolera, hidroeléctricas, agroindustrias, canal interoceánico); la restructuración del estamento castrense en áreas de planeación, logística, entrenamiento, doctrina, estrategia, inteligencia, reclutamiento y técnicas de interrogatorio; el suministro de quipos militares, armamento, helicópteros, aparatos e infraestructura de aviación para apoyar vuelos de naves espías y de combate, provistas de radares aire a aire y de modernos equipos de comunicaciones y sistema de imagen infrarroja para operaciones nocturnas, así como el emplazamiento de una red de radares en tierra –cuyo control comparte Estados Unidos en tiempo real–, diseminados por todo el territorio colombiano. Además, afín a esa lógica belicista y bajo asesoría de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Uribe ha venido intentando la reconversión o “normalización” de una vieja herramienta del terrorismo de Estado: los grupos paramilitares creados por el ejército y agrupados luego en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Es en el espejo de la tan publicitada, en estos días, “seguridad democrática” de Uribe, que hay que mirar el proceso chiapaneco, incluidos el marcado incremento en la actividad de las 56 bases militares permanentes del Estado mexicano y la nueva fase de paramilitarización del conflicto, en el contexto de una lucha hasta ahora encubierta por el territorio bajo control de las autonomías zapatistas, que necesita ser “liberado” o recuperado para someterlo a la lógica del mercado.

Bajo la sombra de Washington, Calderón y la Iniciativa Mérida son a México lo que Uribe y el Plan Colombia representan para el país sudamericano.

"OLGA"

"Iluminar sempre,iluminar tudo,iluminar até a eternidade,iluminar e só,esse é o meu lema e do sol." (Olga Benario Prestes) ...

Prometo-te agora, ao despedir-me, que até o último instante não terão porque se envergonhar de mim. Quero que me entendam bem: preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chegue. Mas, no entanto, podem ainda acontecer tantas coisas... Até o último momento manter-me-ei firme e com vontade de viver. Agora vou dormir para ser mais forte amanhã. Beijos pela última vez.
HASTA EL ULTIMO MOMENTO ME MANTENDRE FIRME...
ENTREGO SU VIDA POR DEFENDER SU CONVICCION, Y A SU HIJA.
POR CREER QUE OTRO MUNDO ES POSIBLE...
Y QUE LAS COSAS DEBEN CAMBIAR.

OLGA LAS PAGINAS COMIENZAN A RECUPERARSE.

La decisión de la Corte (SCJN) que avala la impunidad, la corrupción de Mario Marín, y la red de pornografía y pederastia!

El fallo contra Lydia Cacho demeritó el prestigio de la Corte: Juventino Castro

Observo con tristeza cómo de nueva cuenta la SCJN resolvió en forma dividida, escribe a los ministros cque no se haya dado valor a la grabación de la charla Nacif-Marín Jesús Aranda

Juventino Castro y Castro


“El prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha demeritado” con la decisión dividida sobre el caso Lydia Cacho. Por consiguiente, los ministros deben hacer un esfuerzo, para recuperar la confianza del pueblo.

Sostuvo lo anterior, el ministro en retiro Juventino V. Castro y Castro en entrevista con La Jornada. Agregó que el máximo tribunal debe hacer “algo para recuperar su prestigio”, no porque lo necesite la Corte, sino porque “lo necesita el país”.

En este contexto, Castro y Castro envió ayer una carta a cada uno de los integrantes de la SCJN, en la que les propone que convoquen a un encuentro público “a las fuerzas vivas que influyen realmente en nuestro país y le fijan su destino”, para que expliquen las razones de su voto y su fundamentación “en un lenguaje a nivel del más humilde de los mexicanos”.
Agrega, de esa manera, “al final de sus explicaciones y contestaciones busquen la forma de recobrar para sí la confianza esencial del pueblo mexicano”.

México necesita “más que nunca” de una justicia social, sólida, permanente, “pero sobre todo, requiere creer en justicia dentro de un país justo”.

Observo con tristeza, dice la carta, “cómo de nueva cuenta la Corte resolvió en forma dividida”. Está de moda, apunta, y añade que el pueblo también se encuentra dividido en la apreciación de su fallo, y de las razones profundas por las cuales “la Corte no supo prever mayoritariamente el sentir del pueblo, ni de explicar la ética de su resolución”.

Llama a los ministros a tomar en cuenta que “es obvio y manifiesto que grandes grupos de las fuerzas vivas de nuestro país han rechazado indignados su fallo en la investigación contra actos del gobernador de Puebla (Mario Marín) en violación grave a las garantías individuales de Lydia Cacho”.

En la entrevista, señala sin titubeos que él hubiera votado “evidentemente” con el dictamen de Juan N. Silva Meza.

Reprocha también a los ministros que argumentaron que la conversación grabada entre Marín y el empresario Kamel Nacif, que dio pie a la investigación de la Corte, no debía ser tomada en cuenta como prueba (como señalaron Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, principalmente).

“Quiero que se entienda bien, una cosa es prueba, y otra cosa es el valor de la prueba.

“Cuando Silva Meza presentó por primera vez su dictamen condenatorio, la propia Corte dijo que faltaba la garantía de audiencia. Se tuvo que enriquecer la investigación, dando garantía de audiencia al gobernador de Puebla, pero éste no contestó absolutamente nada, lo que convalidó esa prueba.

“Hubo ministros que dijeron que esa conversación había sido obtenida en forma ilegal; no sé de dónde sacaron esa regla. Invito a quien lo dice que lea el artículo 16 constitucional que no se refiere en lo más mínimo a la prueba de grabaciones telefónicas, a las pruebas legales o ilegales, a las pruebas posibles o imposibles. No sé por qué, oficiosamente, la Corte planteó lo que ni siquiera la parte acusada expuso, que se trataba de una grabación ilegal que no tiene ningún valor porque fue obtenida en forma indebida: nadie dijo eso”.

–A partir de la decisión, en la opinión pública ha habido críticas muy fuertes a la Corte, ¿qué opina?

–Sí, en efecto, tengo la impresión de que el prestigio de la Corte se ha demeritado con este asunto. Yo no discuto si es justo o injusto, porque también ha habido fallos en los que la Corte ha sido muy aplaudida, yo me refiero al hecho: se ha bajado el prestigio, se ha bajado el buen nombre de la Suprema Corte; yo lo lamento profundamente, porque sé y me consta que es un tribunal de muy buena fe, con juristas de mucha calidad y, por tanto, no merece llegar a ese grado.

“Por eso he invitado a los ministros, como ciudadano, a que tengan un reunión en el recinto de la Suprema Corte, los 11 ministros, ante los mejores representantes de las fuerzas auténticas de México, donde cada uno de los ministros explique su posición y el valimiento de la posición. Sé que estoy proponiendo algo inusitado, algo que no se ve con simpatía, pero también creo que la Corte debe hacer algo por recuperar su prestigio. No lo necesita la Corte, lo necesita el país, la Corte es la representante más alta de la justicia en México; se merece excepciones, se merece tratamientos inusitados.”